MCP y secreto profesional: qué datos salen del expediente al conectar una IA externa

TL;DR

• MCP (Model Context Protocol) es un estándar abierto publicado por Anthropic en noviembre de 2024 que permite conectar fuentes de datos externas a un modelo de lenguaje.
• Cuando el expediente se conecta a un asistente externo vía MCP, los datos del cliente salen del software jurídico y los procesa un tercero.
• El secreto profesional (art. 542.3 LOPJ y art. 5 del Código Deontológico de la Abogacía Española) obliga al abogado a controlar quién accede a esa información, con independencia de la ruta técnica.
• Las transferencias internacionales de datos no son ilegales por sí mismas, pero requieren garantías específicas conforme al RGPD.
• En Plea, la IA va dentro del propio programa y se ejecuta en Amazon Bedrock, en una región de la UE, sin conectar un asistente externo.

Qué es MCP y por qué ha llegado al software jurídico

MCP son las siglas de Model Context Protocol. Anthropic lo publicó como estándar abierto en noviembre de 2024 para resolver un problema técnico concreto: los modelos de lenguaje no tienen acceso directo a los datos que viven en otras aplicaciones. MCP define una forma estándar de conectar un asistente de IA con fuentes externas, como un expediente, un calendario o una base de datos contable.

Desde su publicación, otros fabricantes de modelos y herramientas lo han adoptado. El resultado es que cualquier proveedor de software puede ofrecer un «conector MCP» que permite al despacho usar su propio ChatGPT o Claude sobre los datos del expediente.

La ventaja es real: el despacho elige el modelo, controla el coste y trabaja con el asistente que ya conoce. Lo que este artículo responde es qué ocurre con los datos en ese proceso y qué obligaciones genera para el abogado.

Qué ocurre con los datos al conectar un asistente externo

Cuando el despacho activa una conexión MCP entre su software jurídico y un asistente externo, el flujo es el siguiente:

1. El abogado formula una consulta al asistente.
2. El conector MCP recupera datos del expediente —partes, documentos, plazos, notas— y los envía al modelo externo como contexto.
3. El modelo procesa esa información y devuelve una respuesta.

En el paso 2, los datos del cliente salen del entorno del software jurídico y los recibe un servidor externo. El proveedor del modelo —OpenAI, Anthropic, Google u otro— los procesa conforme a sus propias condiciones de servicio, que pueden incluir retención de datos, uso para mejora del modelo o inferencia fuera de la UE.

El despacho no pierde el control de forma inevitable: puede configurar el asistente con una cuenta empresarial que excluya el entrenamiento con sus datos y que procese en regiones europeas. Pero esa configuración exige una decisión activa, un contrato adecuado y un seguimiento continuo. Sin esa decisión, los datos circulan bajo las condiciones estándar del proveedor del modelo.

Por qué el secreto profesional pesa más que el RGPD

El RGPD regula el tratamiento de datos personales. Es una obligación real y su incumplimiento tiene consecuencias. Para el abogado, sin embargo, el secreto profesional es la obligación anterior y más exigente.

El art. 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los abogados están obligados a guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de sus modalidades de actuación profesional. El art. 5 del Código Deontológico de la Abogacía Española concreta esa obligación: el secreto profesional es un derecho y un deber del abogado, y su alcance cubre toda la información que el cliente le confíe.

Esa obligación no distingue entre canales analógicos y digitales. Si los datos del cliente pasan por un servidor externo porque el despacho activó una integración MCP sin las garantías adecuadas, el secreto profesional queda comprometido con independencia de si el RGPD se cumplió formalmente.

El RGPD obliga a documentar y a proteger. El secreto profesional obliga a no revelar. Son dos marcos distintos, y el segundo no admite excepciones técnicas.

Marco RGPD: las transferencias no son ilegales, pero tienen requisitos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) establece que las transferencias internacionales de datos personales a terceros países están permitidas cuando existen garantías adecuadas. Esas garantías pueden ser una decisión de adecuación de la Comisión Europea, cláusulas contractuales tipo, normas corporativas vinculantes u otros mecanismos reconocidos por el RGPD.

En junio de 2026, la organización noyb solicitó a la Comisión Europea que retirase la decisión de adecuación UE-EE. UU. vigente, tras la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Trump contra Slaughter. Es una petición de una organización no gubernamental, no una anulación. En el momento de publicación de este artículo, la decisión de adecuación sigue en vigor. El despacho debe seguir el estado de ese procedimiento si sus datos se transfieren a proveedores estadounidenses.

Lo que ya es obligatorio es que, cuando el despacho contrata a un proveedor de IA que procesa datos de clientes, debe suscribir un contrato de encargado del tratamiento conforme al art. 28 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Sin ese contrato, el tratamiento carece de base legal, con independencia de la ubicación del servidor.

Lista de comprobación: preguntas que hacer a cualquier proveedor de software jurídico con IA

Antes de activar cualquier integración de IA en el software del despacho, verifica estos puntos con el proveedor:

• ¿Dónde se procesa la inferencia? Confirma si el modelo se ejecuta en servidores dentro de la UE o si los datos salen a regiones externas.
• ¿Existe contrato de encargado del tratamiento? El art. 28 RGPD lo exige. Sin él, el tratamiento no tiene base legal.
• ¿Se usan los datos del despacho para entrenar el modelo? Los contratos empresariales de los principales proveedores permiten excluirlo, pero hay que activarlo expresamente.
• ¿Quién decide qué datos salen del expediente? Comprueba si el conector envía el expediente completo o solo los fragmentos relevantes para cada consulta.
• ¿Existe registro de accesos? El despacho debe poder auditar qué datos se enviaron al modelo y cuándo.
• ¿Qué garantías se aplican a la transferencia internacional? Decisión de adecuación, cláusulas contractuales tipo u otro mecanismo del art. 46 RGPD.
• ¿Qué ocurre con los datos si se cancela el contrato? Confirma los plazos de supresión y la portabilidad de los datos antes de contratar.

Un despacho con recursos para gestionar esa verificación y con un acuerdo de tratamiento bien redactado puede usar MCP con garantías. El estándar no es intrínsecamente incompatible con la normativa. La carga de configuración y seguimiento recae sobre el despacho.

Cómo funciona la IA en Plea

Plea lleva la IA dentro del propio expediente. Abrir el expediente desde la demanda, Plea Manager y la transcripción de las reuniones grabadas funcionan dentro del programa, no a través de un conector hacia un asistente de terceros.

La IA se ejecuta en Amazon Bedrock y la configuración de Plea solo admite regiones de la UE; la transcripción se hace en Irlanda. Amazon Web Services trata esos datos por cuenta de Plea, así que el despacho no contrata ni configura un proveedor de IA aparte.

Eso no significa que MCP sea incompatible con el secreto profesional ni que otros proveedores no puedan ofrecer garantías equivalentes. Significa que desaparece la cadena de decisiones del apartado anterior: no hay conector que configurar ni un segundo proveedor de IA que contratar, y la inferencia no sale de la UE.

Qué hacer antes de activar cualquier IA en el despacho

La decisión no es «IA sí o IA no». Es qué forma de usar la IA es compatible con las obligaciones del despacho y qué coste operativo tiene mantenerla.

Si el software jurídico que usas ofrece MCP, revisa el contrato de encargado del tratamiento, confirma la región de procesamiento y verifica que el conector no envía el expediente completo en cada consulta. Si no puedes obtener esas respuestas por escrito, no actives la integración.

Si el software integra la IA de forma nativa, verifica igualmente dónde se procesa y solicita la confirmación contractual. La integración nativa reduce la superficie de riesgo, pero no elimina la obligación de documentar.

El secreto profesional no admite la excusa de que «el proveedor lo gestiona». La responsabilidad es del abogado.

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