La factura electrónica obligatoria tiene reglamento. No fecha.

Todavía no hay fecha cerrada. El reglamento que la desarrolla es el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, en vigor desde el 20 de abril de 2026, pero su aplicación efectiva quedó diferida y se vincula a la entrada en vigor de la orden ministerial que desarrolle la solución pública de facturación electrónica, que a 19 de agosto de 2026 no se ha publicado en el BOE. Desde que esa orden entre en vigor, las obligaciones son exigibles a los doce meses para quien haya superado los 8 millones de euros de volumen de operaciones en el año natural anterior, y a los veinticuatro meses para el resto de empresarios y profesionales, que es donde está la práctica totalidad de los despachos.

Son dos obligaciones distintas y un despacho acabará teniendo que cumplir las dos. Verifactu, del Real Decreto 1007/2023, regula cómo debe comportarse el programa de facturación para que los registros sean íntegros, trazables e inalterables, y mira hacia la Agencia Tributaria. La factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales nace del artículo 12 de la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, se desarrolla en el Real Decreto 238/2026, y regula el formato de la factura y su envío al destinatario. La primera en obligar es Verifactu, con fechas ya fijadas en 2027.

Sí, cuando su fase resulte exigible. La obligación del artículo 12 de la Ley 18/2022 alcanza a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales, incluidos los abogados que ejercen como autónomos. Un abogado autónomo que no supere los 8 millones de euros de volumen de operaciones entra en la segunda fase, la de los veinticuatro meses contados desde la orden ministerial. Las facturas a particulares quedan fuera de esta obligación, que es solo entre empresas y profesionales.

El artículo 7.1 del Real Decreto 238/2026 admite cuatro sintaxis: CII, UBL, el mensaje de factura EDIFACT y el mensaje Facturae. La solución pública gestionada por la Agencia Tributaria funciona con UBL (artículo 11.2), y puede coexistir con plataformas privadas de intercambio. Un PDF enviado por correo electrónico no es una factura electrónica a estos efectos, aunque durante los primeros doce meses quien supere los 8 millones de euros deba acompañar la factura de un documento en PDF legible para el destinatario.

El artículo 12 de la Ley 18/2022 prevé apercibimiento o multa de hasta 10.000 euros para las empresas que, estando obligadas, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso a sus facturas a quienes han dejado de ser clientes. Es una sanción distinta de la de Verifactu, donde la tenencia de un sistema de facturación que no cumpla las especificaciones exigidas es infracción grave con multa de 50.000 euros por ejercicio (artículo 201 bis de la Ley General Tributaria).

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa tienen su propio sistema de facturación, TicketBAI, con normativa y calendario propios de cada Hacienda Foral, y las operaciones sometidas a los regímenes forales de facturación quedan fuera del reglamento de Verifactu. Navarra tiene igualmente su régimen foral. La obligación de factura electrónica del artículo 12 de la Ley 18/2022 es legislación mercantil estatal, de modo que un despacho con actividad en territorio foral tiene que mirar las dos capas por separado: la mercantil y la fiscal de su Hacienda.