Cada rol paga lo suyo.

Plea cuesta una base de 79 € al mes por despacho, que incluye el producto entero y el primer abogado, más un asiento por cada persona según lo que haga. El asiento de abogado baja de precio según se suman: de 49 € al mes los primeros a 22 € a partir del abogado 101. El procurador son 29 € y el asiento de equipo 15 €. Un despacho de ocho abogados, un procurador y tres personas de equipo son 475 € al mes. Los importes son sin IVA y el precio se saca en la calculadora de la página, sin llamar a nadie. Pagando el año por adelantado son 2 meses gratis.

Depende de lo que haga. El asiento de abogado —abogado ejerciente, socio y of counsel, es decir quien figura como letrado responsable de un expediente— sigue la escalera, desde 49 € y bajando hasta 22 €. El procurador del despacho son 29 € al mes. El asiento de equipo —administración, contabilidad y facturación, recepción y paralegales— son 15 €. Los becarios y pasantes no pagan, hasta uno por abogado. Y si sois una procuraduría, sin ningún abogado en plantilla, el precio se calcula igual: la base cubre al primer profesional, sea abogado o procurador, y el resto van a su asiento. Es una diferencia con el resto del sector, que cobra una licencia por cabeza sin mirar el rol: ahí la persona que mete facturas cuesta lo mismo que el socio, y en algún caso más, porque la facturación y los informes suelen ir en la licencia cara.

La factura sube el precio de ese asiento y nada más, y ese precio se sabe de antemano. En un despacho de 10 abogados, el abogado siguiente cuesta 42 € al mes; en uno de 50, 27 €. Una persona de equipo, 15 €. No hay salto de tramo ni renegociación: la escalera es marginal, como el IRPF, así que cada asiento nuevo se cobra a su precio y los anteriores no cambian. Dar de alta a alguien tampoco obliga a pedir presupuesto ni a hablar con nadie.

Sí, y se saca en la calculadora de esta misma página sin llamar a nadie ni dejar el correo: pones cuántos abogados, procuradores y personas de equipo sois y sale la factura. En esta categoría casi nadie publica tarifa, y quien la publica deja de hacerlo a partir de unos treinta usuarios. Cuando un precio no está publicado, depende de lo que crean que puedes pagar.

No. La IA va incluida en todos los tramos, sin suscripción adicional, sin consumo por uso y sin contador de operaciones: la lectura de demandas y notificaciones en PDF, la creación de expedientes desde el correo con Plea Manager y la redacción asistida sobre el contexto del expediente. Cobrar la IA como complemento convierte una tarifa baja en un reclamo, y esa es exactamente la práctica que este precio evita.

No. Plea es el mismo producto en los tres planes y lo que cambia es la configuración de partida, no la versión instalada. Cada plan arranca con los módulos del preset que le corresponde —11, 17 y 20 de los 20— y cualquier módulo se activa desde el configurador en Ajustes sin cambiar de plan ni de precio. El plan responde al tamaño del despacho, no a qué funciones se desbloquean.

No hay ninguno. Los expedientes, los clientes, las partes y el almacenamiento son ilimitados en todos los tramos. Es una decisión deliberada: un despacho no puede prever su carga de trabajo, y cobrar por capacidad significa cobrarle más justo el año en el que le va bien. Conviene mirarlo al comparar: hay tarifas planas del sector que dan entre uno y cinco gigas para todo el despacho, y un procedimiento escaneado con su prueba documental ocupa doscientos megas.

Está publicada, que es lo raro en esta categoría. Un abogado que trabaja solo entra sin puesta en marcha y sin coste. A partir de ahí son 2.500 € hasta 20 abogados, 6.000 € hasta 50 y 12.000 € por encima, una sola vez, e incluyen la migración de los datos, la configuración y la formación del equipo. El sector la cobra sin decir cuánto —«más los costes de implantación», «puede aplicarse una cuota de alta»—, y esa es la parte de la factura que nadie ve venir.

No, todos los importes publicados son sin IVA. A la factura se le añade el 21 % de IVA que corresponde a la prestación del servicio en España. Al ser un gasto afecto a la actividad del despacho, ese IVA es deducible en los términos generales del impuesto.

No hay permanencia ni cláusula de salida: la suscripción se cancela cuando el despacho quiera y deja de renovarse al final del periodo pagado. Antes de contratar hay 14 días de prueba. Y si un despacho se va, se lleva sus datos completos y en formato abierto, con el compromiso por escrito en el contrato y con plazo: los expedientes y los clientes son suyos, no del proveedor.

Sí, y hasta el punto de desarrollarlo. De serie se ajusta encendiendo módulos y automatizaciones desde Ajustes, sin cambiar de plan ni de precio. Cuando lo que hay que cambiar es más profundo, hacemos nosotros el producto: el flujo se construye dentro de Plea en lugar de pedirle al despacho que cambie su forma de trabajar. Eso es un proyecto aparte —Plea a medida— y tiene sentido a partir de veinte personas: entramos en el despacho, hacemos una radiografía de dos a cuatro semanas, y el alcance y el precio se cierran al terminar esa radiografía, antes de construir nada.